La caída parcial del puente viejo de Santa Lucía volvió a poner en evidencia una verdad que muchos vecinos ya venían señalando: la obra que la exintendenta Bettina Romero promocionó como “reforzada y segura” en 2020 no resistió el paso del tiempo ni el tránsito diario y terminó colapsando a pocos años de haber sido intervenida. Un pilar cedió a metros de un grupo de niños que jugaban en el río, lo que por milagro no terminó en tragedia.
Aquella intervención, entonces presentada como una solución definitiva con pilotes hincados “a 15 metros de profundidad” y mejoras integrales, hoy queda al desnudo como un discurso vacío, sostenido más en propaganda que en calidad técnica. Las imágenes del colapso son un recordatorio brutal de cómo se usan las obras públicas como herramienta de legitimación política, sin garantizar que realmente cumplan con los estándares estructurales mínimos.
Desde la actual gestión municipal, el intendente Emiliano Durand responsabilizó directamente a la falta de mantenimiento heredada de la administración anterior, señalando que parte de la infraestructura recibida estaba en condiciones precarias. Esa acusación no es gratuita: la obra que Romero celebraba ahora se desploma y obliga al cierre total del tránsito, dejando a la propia comunidad pagando el costo del abandono estructural.
La polémica escaló cuando desde el municipio se mencionó la posibilidad de acciones legales contra Romero y exfuncionarios vinculados a aquella obra, acusándolos de “estafa comunicacional” por haber presentado como “definitiva” una intervención que hoy falla estrepitosamente. Esa denuncia política y legal revela algo más profundo: el desdén por la transparencia y la calidad técnica en obras que deberían responder a necesidades reales de la comunidad y no a narrativas de gestión.
La combinación de promesas grandilocuentes, falta de mantenimiento sostenido y ahora el derrumbe parcial del puente deja una marca clara: Bettina Romero vendió certezas que no existían, y hoy vecinos, vecinas y trabajadores de Salta sufren las consecuencias. El debate sobre responsabilidades no es menor, porque detrás de una estructura caída están vidas expuestas y recursos públicos que, mal administrados, agravan las desigualdades urbanas y ponen en riesgo a quienes menos deben pagar por decisiones políticas mal fundamentadas.
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