Diputados aprobó ceder territorio originario al Trigres Rugby Club

La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a un proyecto que permite a la provincia otorgar en comodato al Tigres Rugby Club casi 9 hectáreas en una parcela del departamento Capital que se encuentra identificada en los papeles como propiedad de la provincia. La iniciativa, que aún debe ser aprobada por el Senado, cede tierras comprendidas en territorio ancestral de la comunidad indígena Lules.

No es la primera vez que el Ejecutivo permite la apropiación de ese territorio en disputa. En 2010, a fuerza de represión, el gobierno de Juan Manuel Urtubey permitió la ocupación de otro sector por parte del Jockey Club. Recién en diciembre de 2024 se formalizó el decreto con el contrato de comodato que otorga la cesión por 20 años a este club. En el instrumento, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, se otorgan por lo menos cinco hectáreas.

En el proyecto que ahora está en tratamiento para dar tierras al Rugby Tigres Club se destaca que este es el segundo comodato que recibe este club. Es que, también durante la gestión de Urtubey y bajo el decreto N° 2.358/09, se le otorgaron no menos de cuatro hectáreas de un predio mayor que fue repartido con otras entidades civiles.

El club se comprometió a mil árboles autóctonos en la zona. Además de esta promesa, en la sesión, el martes último, los diputados destacaron que el club no solo promueve el deporte, “sino también la formación en valores fundamentales como la responsabilidad, la disciplina, la solidaridad, la inclusión y el trabajo en equipo, además de generar empleo y dinamizar la vida social de la comunidad”. Según se pudo conocer, este es uno de los clubes con cuotas más caras para realizar deportes en sus instalaciones.

Saber o no saber
En declaraciones radiales el diputado saencista Juan José Esteban dijo que desconocía que en la zona donde se otorgó el comodato había personas radicadas.

Sucede que, al ser un territorio amplio, hay grupos de caseríos diversos con áreas comunes de cultivos y pastoreo. La imagen satelital que presentó TRC muestra que el terreno solicitado no tiene viviendas dentro.

El terreno a ceder es contiguo al de la cancha de Tigres. “Nos separa una ancha calle”, dijo a Salta/12 el referente de la comunidad Lules de Finca Las Costas, David Torres, al explicar que las tierras cedidas anteriormente al club en cuestión quedan en el límite del municipio de San Lorenzo. El que Diputados decidió avalar en cesión, está dentro del territorio ubicado en Finca las Costas. El territorio está relevado en el marco de la Ley de Emergencia Territorial de la Propiedad Comunitaria Indígena 26.160, derogada por el actual Gobierno nacional.

“Es un catastro que pertenece a la provincia y no habla este proyecto de darle al Club (las tierras), sino de autorizar al estado provincial” a hacerlo, dijo a Salta/12 el diputado Luis Mendaña. Sin responder si conocían o no de la disputa territorial, afirmó que hay dos instancias por las que tiene que pasar el proyecto antes de la sesión en comodato que son la media sanción del Senado y la promulgación del estado provincial. A ello sumó la existencia de una instancia judicial presentada por la provincia, para “evitar que se siga asentando gente”.

“No hay definición sobre el relevamiento. Aquí no se va a desalojar a nadie. No hay gente viviendo en esa franja”, añadió.

Torres, por su parte, sostuvo que hubo legisladores que le informaron del proyecto el lunes por la tarde. La sesión fue al día siguiente. Esos legisladores conocían algo de la disputa territorial. Pese a ello, en el recinto ninguno de los que defendieron o cuestionaron este proyecto, hizo referencia a los reclamos del sitio como territorio indígena. Los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), que bregan porque el Estado cobre por las tierras cedidas, se levantaron del recinto. Ese fue el mismo camino que, según fuentes legislativas, siguió el legislador oficialista Adrián Valenzuela.

Denuncia por amenazas
En el acta de labor parlamentaria se incluyó a Valenzuela como uno de los autores de la iniciativa. La Comunidad Lules repudió al legislador en tanto Torres afirmó que Valenzuela “vive en Finca Las Costas” y conoce la situación de la comunidad en cuanto al territorio.

Tras los repudios, Valenzuela denunció al referente indígena por amenazas y lo acusó de poner en riesgo a su familia al identificar su domicilio.

El conflicto se hizo público y el miércoles la Cámara de Diputados emitió un comunicado en el que aseguró que por “un error en la carga de datos” se había incorporado a Valenzuela como autor de la iniciativa cuando no lo era.

“Nosotros, por información oficial primero, sabíamos que era él”, dijo Torres. Más allá de la confusión, afirmó que en todo caso también repudian que, habiendo conocido la problemática de la comunidad, no haya informado nada.

Ayer Torres recibió en su casa una notificación por la amenaza. Además, el juez Ramiro Ramos Ossorio ordenó se designe consigna fija policial por 48 horas en el predio del Club Tigres “y terrenos cedidos para dicho club”.

Una Justicia oportuna
Otro poder del Estado, en este caso el Ministerio Público Fiscal de Salta, terció ayer en el conflicto, a favor de la postura oficial. La iniciativa cuestionada “no vulnera derechos individuales ni colectivos”, sostuvo en un parte de prensa en el que también afirmó que el proyecto de cesión de tierras “se enmarca en un proceso de gestión ordenada, controlada y responsable de la reserva, en línea con las exigencias establecidas en el proceso judicial en curso”.

Finca Las Costas es ponderada por la provincia como una reserva de agua cuando trata la cuestión de la propiedad comunitaria del Pueblo Lule. Ante ello, en 2020 la gestión saencista presentó un recurso de amparo colectivo para proteger “los recursos naturales y el medio ambiente”, causa por la cual se decidió crear una Unidad Fiscal Ambiental.

“En el marco de ese proceso, se encuentra vigente una medida cautelar dispuesta judicialmente que prohíbe cualquier ocupación ilegal en la reserva, lo que fue debidamente señalizado mediante cartelería en distintos sectores del área”, indicó la fiscalía.

Añadió que existen planteos de posesión veinteñal que deberán resolverse en las instancias judiciales correspondientes, “sin que ello involucre la fracción alcanzada por el proyecto de ley, la cual no registra ocupantes”. Afirmó también que en el trámite del amparo “no se ha acreditado la existencia de actividad comunitaria indígena por parte de quienes invocaron dicha representación”.

“Para hacer Justicia no alcanza con el derecho”, respondió Torres antes de ratificar que su Comunidad continuará firme en la defensa del territorio, desconocido por los tres poderes de la provincia.