El Concejo habilita el uso de Inteligencia Artificial en el municipio y abre el debate sobre control y transparencia

El Concejo Deliberante de Salta aprobó una ordenanza impulsada por el concejal Gustavo Farquharson que establece un marco normativo para el uso de Inteligencia Artificial (IA) en la gestión pública municipal. La norma busca incorporar estas herramientas para agilizar trámites y mejorar servicios, bajo el argumento de modernizar el funcionamiento del Estado.

El proyecto fija que la IA podrá aplicarse en áreas del Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante, el Tribunal de Faltas y el Tribunal de Cuentas, aunque excluye funciones legislativas y de control político. La iniciativa también incorpora definiciones técnicas y establece principios como transparencia, legalidad y no discriminación, con la promesa de evitar sesgos y resguardar datos personales.

Desde el oficialismo municipal se defendió la medida como una herramienta para reducir la burocracia y acelerar respuestas a los vecinos. Sin embargo, detrás del discurso de modernización aparece un debate aún pendiente: quién controla los algoritmos y qué garantías reales existen para evitar errores o decisiones automatizadas que afecten derechos ciudadanos. La propia norma reconoce que toda decisión deberá contar con supervisión humana, una señal de que los riesgos no son menores.

La ordenanza también habilita al Ejecutivo a firmar convenios con universidades y empresas tecnológicas, gestionar financiamiento y desarrollar programas específicos vinculados a IA. Esa apertura al sector privado plantea otra discusión clave: el manejo de datos públicos y la posibilidad de que información sensible termine en manos de actores externos sin control social efectivo.

La incorporación de inteligencia artificial al Estado puede ser una oportunidad para mejorar la gestión, pero también un terreno riesgoso si no hay auditorías reales, acceso público a la información y participación ciudadana. La modernización tecnológica no puede convertirse en una caja negra donde decisiones políticas queden escondidas detrás de algoritmos que nadie controla.