Con el cierre del año legislativo, el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta difundió su balance de gestión 2025, un resumen que pone el acento en la planificación urbana, el tránsito y la modernización administrativa como ejes centrales del trabajo parlamentario. Según los datos oficiales, durante el período se realizaron 32 sesiones ordinarias y 2 especiales, de las que surgieron 150 ordenanzas, 635 resoluciones, 21 declaraciones y 37 pedidos de informe.
Uno de los hitos del año fue la aprobación del nuevo Código de Planeamiento Urbano Ambiental y del Código de Edificación, normas que redefinen el uso del suelo, el desarrollo edilicio y las facultades urbanísticas del Municipio. A esto se sumaron regímenes de incentivo a la construcción, regularización edilicia y adhesiones a planes reguladores, además de modificaciones vinculadas al tránsito, el transporte y el funcionamiento de plataformas digitales, taxis y remises. En paralelo, el Concejo avanzó con actualizaciones tarifarias y normativas que impactarán de lleno a partir de 2026.
El balance también incluye iniciativas en materia de género, inclusión y políticas sociales, como restricciones para deudores alimentarios morosos, protocolos contra la violencia laboral, programas de becas estudiantiles y deportivas, y ordenanzas vinculadas a accesibilidad urbana y empleo formal para personas con discapacidad. En el plano administrativo, se sancionaron reformas a códigos de procedimiento, normas tributarias y se aprobó el Presupuesto Municipal 2026, que fija recursos por más de 286 mil millones de pesos.
Con un temario amplio y una producción legislativa intensa en términos cuantitativos, el resumen oficial deja planteado el interrogante de siempre: cuánto de ese andamiaje normativo logra traducirse en soluciones concretas para la ciudad y cuánto queda archivado en el boletín oficial, a la espera de una aplicación efectiva. Ese será, probablemente, uno de los debates que marcarán el próximo período legislativo.
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