La votación de la llamada “reforma laboral” dejó en evidencia el alineamiento político de los representantes salteños con las políticas regresivas del Gobierno nacional. Los siete diputados nacionales por Salta votaron unánimemente a favor de una ley impulsada por el oficialismo que debilita derechos laborales, algo que no ocurrió en ninguna otra provincia del país.
Entre quienes apoyaron el proyecto se cuentan tres legisladores identificados con el esquema del gobernador Gustavo Sáenz (Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, de Innovación Federal) y cuatro de La Libertad Avanza (Eliana Bruno, María Gabriela Flores, Julio Moreno y Carlos Zapata). Esa “unidad” no es espontánea: es el producto de pactos políticos que priorizan la obediencia a los intereses del poder central por encima de la defensa de los trabajadores.
La uniformidad del respaldo salteño contrasta con el resto del país, donde la reforma dividió a las bancadas y expuso las tensiones entre sectores del peronismo, de la izquierda y del centro. Mientras acá hubo consenso en favor del ajuste, en otras provincias la votación fue un reflejo de la pluralidad de intereses sociales y sindicales.
Además, la unanimidad salteña no se limitó a la Cámara de Diputados: los tres senadores por Salta también habían acompañado la iniciativa en la Cámara alta, consolidando que los *10 representantes de la provincia en el Congreso respaldaron una reforma que lejos de beneficiar a las y los trabajadores profundiza vulnerabilidades laborales.
Este respaldo cerril a una agenda que debilita derechos laborales ocurre en un contexto de resistencias sociales y sindicales que cuestionan la reforma como un retroceso. La lectura política es nítida: la clase dirigente salteña se posiciona al lado del ajuste y del oficialismo, y del otro lado quedan las organizaciones populares y los sectores que defienden una justicia laboral de fondo
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