Sobre tablas y de imprevisto: con votos negativos y abstenciones, el Senado cedió tierras del pueblo lule al Tigre Rugby Club

Mientras la comunidad lule acompañaba en la puerta de la Legislatura el reclamo de la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, desalojada semanas atrás en Cachi, el Senado provincial trató de manera sorpresiva y sobre tablas un proyecto que impacta directamente sobre otro conflicto territorial indígena. La paradoja fue total: quienes habían ido a solidarizarse con otro pueblo originario terminaron enterándose de que, puertas adentro, los senadores avanzaban con la cesión de tierras que también reclaman como propias.

Con votos negativos y abstenciones, la Cámara de Senadores aprobó entregar en comodato por 25 años tierras fiscales al Tigres Rugby Club, una institución históricamente vinculada a los sectores de mayor poder adquisitivo de San Lorenzo. La decisión fue tomada pese a los reclamos de la comunidad lule, que sostiene que esos terrenos forman parte de su territorio ancestral y que presentó relevamientos técnicos realizados en el marco de la Ley Nacional 26.160 para respaldar su posesión histórica.

El tratamiento tomó por sorpresa incluso a los propios integrantes de la comunidad. Mientras permanecían manifestándose frente a la Legislatura por el desalojo de Las Pailas, se encontraron con que el Senado incorporó inesperadamente el proyecto y terminó aprobándolo. Para los referentes indígenas, la sesión confirmó una práctica que denuncian desde hace años: las decisiones sobre sus territorios continúan adoptándose sin su participación efectiva y favoreciendo a actores con mayor influencia política y económica.

Desde la comunidad lule sostienen que la medida representa un nuevo avance sobre sus derechos territoriales y cuestionan que el Estado provincial otorgue seguridad jurídica a un club deportivo antes que resolver la situación dominial de familias que habitan esos espacios desde hace generaciones. El conflicto también vuelve a poner bajo discusión el alcance de la protección constitucional de los pueblos originarios cuando sus reclamos se cruzan con intereses inmobiliarios, deportivos o turísticos en una de las zonas de mayor valorización de la provincia.

Tras conocerse la votación, la protesta se trasladó hacia el acceso a San Lorenzo. Allí, integrantes de la comunidad y organizaciones sociales realizaron un corte de ruta y advirtieron que iniciarán una nueva etapa de movilizaciones y acciones judiciales para impedir la cesión. Lejos de cerrar el conflicto, la decisión del Senado reavivó una disputa histórica por la tierra y dejó una imagen difícil de ignorar: mientras un pueblo originario reclamaba por el desalojo de otra comunidad, la Legislatura aprobaba una nueva medida que, según denuncian, profundiza el mismo modelo de despojo.