La continuidad de las políticas de discapacidad y su financiamiento durante 2027 generaron un extenso debate en la Cámara de Diputados de Salta. Con organizaciones del sector presentes, los legisladores aprobaron un proyecto de declaración para solicitar que el Presupuesto Nacional del próximo año garantice los recursos necesarios para sostener las prestaciones. El tratamiento estuvo atravesado por cruces entre el oficialismo provincial y los representantes de La Libertad Avanza.
La diputada Laura Cartuccia fundamentó el reclamo y cuestionó las demoras del Gobierno nacional en la resolución de trámites vinculados con pensiones por discapacidad. Según las cifras que expuso, desde 2024 se iniciaron en Salta 90.700 solicitudes y solamente se resolvieron 10.370, por lo que más de 80.000 expedientes continuarían pendientes. “No estamos pidiendo un privilegio al Gobierno nacional, simplemente queremos que se cumplan los derechos”, sostuvo.
Cartuccia también señaló que en la provincia hay 65.000 personas con Certificado Único de Discapacidad, 39.900 beneficiarios de Incluir Salud y 32.400 titulares de pensiones no contributivas. Durante su intervención cuestionó que las auditorías y la detección de posibles irregularidades se utilicen como explicación de las demoras administrativas. “No toda persona con discapacidad es sospechosa, no toda demora se justifica con la palabra auditoría”, afirmó. Sus planteos generaron intercambios con los diputados de La Libertad Avanza, que defendieron la posición del Gobierno nacional.
La declaración aprobada busca trasladar el reclamo al tratamiento del Presupuesto Nacional 2027 y exigir garantías para la continuidad de las políticas destinadas al sector. El debate estuvo acompañado por organizaciones vinculadas con la discapacidad, que siguieron el tratamiento en el recinto ante la incertidumbre por el financiamiento de las prestaciones y el acceso a derechos.
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