La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de Zona Fría, un beneficio que permite reducir entre un 30% y un 50% las tarifas de gas en regiones con bajas temperaturas. La iniciativa fue aprobada por 132 votos contra 105 y ahora deberá ser tratada por el Senado. Entre quienes acompañaron la propuesta estuvieron los legisladores de Innovación Federal, el bloque alineado con los gobernadores provinciales donde se referencian los diputados salteños.
La reforma impulsada por la Casa Rosada reduce el alcance de la ampliación aprobada en 2021 y vuelve a concentrar el beneficio en las zonas históricamente alcanzadas por el régimen. Según el Gobierno, la medida permitirá un ahorro fiscal superior a los $272.000 millones y reemplazará los subsidios generalizados por un esquema focalizado en hogares considerados vulnerables.
El problema es que la decisión impactará sobre millones de usuarios que hoy acceden a descuentos automáticos en sus facturas de gas. Provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y sectores de Salta podrían perder parte de los beneficios incorporados durante la ampliación del régimen. Desde distintos bloques opositores advirtieron que la medida implicará aumentos tarifarios para familias trabajadoras, jubilados, pequeñas empresas y comercios que ya vienen golpeados por la caída del poder adquisitivo.
Para conseguir los votos necesarios, el oficialismo negoció durante horas con gobernadores y bloques provinciales. Entre las promesas apareció la posibilidad de implementar compensaciones a través de subsidios eléctricos focalizados para las llamadas «zonas cálidas», una alternativa que todavía no tiene respaldo normativo y que dependerá de futuras decisiones del Ejecutivo nacional. El acuerdo permitió sumar apoyos de sectores que habitualmente acompañan al Gobierno, entre ellos Innovación Federal.
Ahora la discusión se trasladará al Senado, donde las provincias tienen mayor peso político. Allí se definirá si avanza una reforma que el Gobierno presenta como una corrección del gasto público, pero que para sus críticos representa un nuevo ajuste sobre los servicios básicos. En Salta, donde miles de hogares acceden al beneficio en departamentos incorporados durante la ampliación de 2021, el debate ya no pasa por el déficit fiscal sino por quién terminará pagando el costo de la motosierra en las boletas de gas.
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