7 de septiembre de 2026

La Ley & La Trampa

Periodismo legislativo

Casasola fue suspendido por el Concejo mientras avanza la causa por violencia de género

El Concejo Deliberante de Salta suspendió este miércoles al concejal libertario Maximiliano Casasola hasta que exista una resolución judicial en la causa por violencia de género que enfrenta. La decisión llegó después de semanas de tensiones internas, dictámenes cruzados y un intento fallido del edil por obtener una licencia de dos meses que le permitiera alejarse temporalmente del cargo sin atravesar el proceso disciplinario.

La salida elegida por la mayoría del cuerpo fue una solución intermedia: no aceptaron la licencia solicitada por Casasola, pero tampoco avanzaron con la expulsión definitiva que impulsaba un sector minoritario. El dictamen aprobado establece que el concejal quedará apartado de sus funciones y sin participación legislativa hasta que la Justicia determine su situación procesal. Mientras tanto, el Concejo funcionará con 20 integrantes, ya que no habrá reemplazo para ocupar su banca.

La causa que dio origen al proceso interno fue iniciada por una expareja del edil, quien denunció una serie de hechos de violencia ocurridos durante una relación de aproximadamente diez años. La investigación quedó radicada en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N°1 y derivó en medidas de protección para la denunciante, entre ellas una prohibición de acercamiento y un botón antipánico. La causa está caratulada como presuntas lesiones agravadas.

El caso volvió a exponer un problema que La Libertad Avanza arrastra en Salta desde hace meses. Casasola es el segundo concejal libertario envuelto en denuncias vinculadas a violencia de género en menos de un año. La situación reabrió cuestionamientos sobre los mecanismos internos del espacio para abordar estas denuncias y sobre la falta de respuestas políticas claras frente a conductas incompatibles con la función pública.

La suspensión aprobada por el Concejo no resuelve el problema de fondo. Por el contrario, deja abierta una discusión incómoda para la política salteña: qué nivel de responsabilidad institucional debe asumir un cuerpo legislativo cuando uno de sus integrantes enfrenta acusaciones graves de violencia de género. Por ahora, el Concejo eligió esperar a la Justicia. La banca quedará vacía. La causa, en cambio, recién empieza a definirse