La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción al proyecto que prohíbe a policías y demás agentes o funcionarios públicos difundir fotografías, videos o audios obtenidos durante procedimientos oficiales sin autorización judicial. La iniciativa, impulsada por la oficialista Laura Cartuccia, busca proteger la intimidad, la imagen y la presunción de inocencia de las personas involucradas en investigaciones penales. Sin embargo, el debate dejó expuestas dos posiciones claramente enfrentadas: quienes consideran que la norma fortalece las garantías constitucionales y quienes advierten que puede convertirse en una limitación a la publicidad de los actos estatales.

Como miembro informante, Cartuccia defendió el proyecto al señalar que el problema no es registrar los procedimientos sino divulgar ese material sin autorización judicial. Sostuvo que la viralización de imágenes en redes sociales expone a personas que aún no fueron condenadas, afecta su reputación y, en algunos casos, compromete el desarrollo de investigaciones judiciales. En la misma línea se pronunciaron las diputadas oficialistas Frida Fonseca y Luis Mendaña, aunque con matices. Fonseca remarcó que la iniciativa busca resguardar la presunción de inocencia y evitar filtraciones que puedan alterar pruebas o entorpecer procesos penales. Mendaña, en cambio, planteó dudas sobre el alcance práctico de la norma y preguntó cómo impactaría en situaciones habituales, como la difusión de controles municipales o procedimientos administrativos.

Las críticas más fuertes llegaron desde la oposición. El diputado José Gauffín sostuvo que el proyecto resulta innecesario porque el ordenamiento jurídico ya protege la intimidad, el derecho a la imagen y los datos personales mediante normas vigentes. A su entender, la nueva prohibición constituye un exceso legislativo que podría dificultar la difusión de información oficial útil para prevenir delitos o mantener informada a la ciudadanía. Más duro fue Franco Lastra, quien calificó la iniciativa como una herramienta destinada a «asegurar la impunidad» y proteger a la dirigencia política. Según sostuvo, el Estado debería concentrarse en fortalecer la lucha contra el delito antes que restringir la difusión de imágenes obtenidas durante los procedimientos.

Durante el debate también intervino Gustavo Orozco, quien destacó que la propuesta amplía el alcance de la regulación. Explicó que la legislación vigente recaía principalmente sobre el personal policial, mientras que el nuevo proyecto incorpora a todos los funcionarios públicos que intervienen en un procedimiento —como médicos, bomberos o personal judicial— para distribuir las responsabilidades de manera uniforme.

Con la media sanción aprobada, el proyecto pasará ahora al Senado. Allí volverá a discutirse una pregunta que atravesó todo el debate legislativo: ¿la norma protege derechos fundamentales o corre el riesgo de reducir la transparencia sobre el accionar del Estado? Aunque el texto no prohíbe que periodistas o particulares registren procedimientos, sí limita la difusión del material obtenido por funcionarios públicos, un punto que promete seguir generando controversia cuando la iniciativa continúe su recorrido parlamentario.