Las bibliotecas populares de Salta llegaron al recinto de la Cámara de Diputados de la mano de un reclamo por el atraso en los fondos que la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) debe transferir a estas instituciones. El proyecto, impulsado por el diputado Adrián Valenzuela, buscó expresar la preocupación de la Legislatura por el desfinanciamiento que, según denunció, pone en riesgo la continuidad de espacios que cumplen funciones educativas, culturales y sociales en distintos barrios de la provincia.

Durante su intervención, Valenzuela describió un escenario crítico. Aseguró que de las 36 bibliotecas populares que existían en Salta, solo 16 continúan reconocidas por la CONABIP y que en los últimos dos años 17 dejaron de funcionar. También sostuvo que las instituciones aún no habían recibido los fondos correspondientes al ejercicio 2026 y advirtió que los recursos asignados resultan insuficientes para afrontar gastos básicos como servicios, balances o mantenimiento. En muchos casos, explicó, las bibliotecas funcionan en casas particulares, iglesias, fortines gauchos o centros comunitarios por no contar con edificio propio.

El debate derivó rápidamente en un cruce político con La Libertad Avanza. Los diputados libertarios rechazaron que exista un desfinanciamiento deliberado y defendieron la política cultural del Gobierno nacional. Argumentaron que la CONABIP incrementó significativamente su presupuesto en los últimos años, financió la compra de miles de libros para bibliotecas de todo el país y sostuvo que los recursos destinados al organismo crecieron respecto de ejercicios anteriores. Para ese bloque, la discusión debía centrarse en la eficiencia del gasto público y no únicamente en los reclamos presupuestarios.

Valenzuela respondió que esa mirada desconoce la realidad cotidiana de las bibliotecas populares. Según sostuvo, medir la política cultural únicamente a través de cifras nacionales invisibiliza el trabajo territorial que realizan estos espacios, muchos de los cuales brindan apoyo escolar, actividades recreativas y contención social en barrios vulnerables. «Es muy fácil denostar un proyecto de declaración. Lo dice un yuyo de Villa Palacios», lanzó el diputado, reivindicando su origen barrial frente a las críticas del bloque libertario.

El debate también dejó otro planteo sobre la mesa. Mientras el proyecto reclamaba el envío de fondos nacionales, distintos legisladores recordaron que el sostenimiento de las bibliotecas no depende exclusivamente de la Nación y reclamaron que la Provincia asuma un mayor compromiso presupuestario a través de una política propia para el sector. Así, la discusión terminó trascendiendo el atraso en las partidas de la CONABIP y volvió a poner en escena una pregunta que atraviesa buena parte de los debates legislativos actuales: hasta dónde debe llegar el Estado para sostener instituciones comunitarias que cumplen funciones educativas y culturales donde el mercado no llega.