El diputado provincial Guillermo Durand Cornejo apeló la resolución judicial que rechazó su planteo contra la renovación de los acuerdos de las juezas de la Corte de Justicia de Salta, María Alejandra Gauffin y Adriana Rodríguez Faraldo. El legislador busca que se declare la nulidad del fallo y que la causa vuelva a tramitarse ante otro magistrado, manteniendo abierto un conflicto institucional que pone en discusión los límites de la reforma constitucional de 2021.
La controversia comenzó cuando el Poder Ejecutivo impulsó nuevamente los pliegos de ambas magistradas y el Senado les otorgó un nuevo acuerdo para continuar integrando el máximo tribunal provincial. Para Durand Cornejo, la decisión contradice el artículo 156 de la Constitución reformada en 2021, que establece que los jueces de la Corte duran diez años en sus funciones y «no pueden ser nombrados nuevamente». El diputado sostiene que la norma es clara y que la renovación aprobada por el oficialismo vulnera el espíritu de la reforma constitucional.
La jueza Graciela Moreno había rechazado la demanda «in limine», es decir, sin abrir el debate de fondo, al considerar que el legislador no tenía legitimación suficiente para promover la acción judicial. En su apelación, Durand Cornejo cuestiona esa interpretación y afirma que la magistrada resolvió el caso sin analizar previamente planteos procesales pendientes, entre ellos una recusación y una objeción sobre la competencia del fuero interviniente. Según sostiene, esa omisión afecta garantías básicas del debido proceso y del derecho de defensa.
Más allá de la discusión jurídica, el planteo vuelve a poner sobre la mesa una vieja tensión de la política salteña: la relación entre el poder político y la composición de la Corte de Justicia. La renovación de magistrados impulsada por el Ejecutivo fue defendida por el oficialismo como un procedimiento constitucional válido, mientras que sectores opositores sostienen que se trata de una interpretación forzada destinada a garantizar la continuidad de jueces cercanos al esquema de poder provincial.
En su presentación, Durand Cornejo también pidió que los integrantes de la Corte evalúen excusarse de intervenir en la causa por razones de imparcialidad, dado que el resultado del litigio impacta directamente sobre la integración del propio tribunal. El legislador además dejó planteada la reserva federal para acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si sus planteos son rechazados. De prosperar esa vía, la discusión sobre la reelección de jueces en Salta podría terminar resolviéndose fuera de la provincia y convertirse en un antecedente de alcance nacional.
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