El Concejo pidió bajar impuestos a los combustibles y LLA aprovechó para defender la motosierra

El Concejo Deliberante de Salta aprobó por unanimidad una resolución para pedir a los diputados y senadores nacionales que impulsen la creación de un Régimen Federal de Compensación Tributaria para los Combustibles del Norte Grande. La iniciativa busca reducir la carga de impuestos nacionales sobre los combustibles en diez provincias del norte argentino y compensar las asimetrías económicas y logísticas que afectan a la región. Sin embargo, el consenso en la votación no evitó un fuerte cruce político sobre quién debe asumir la responsabilidad por la presión tributaria y el costo de vida.

La concejala Camila Lobo, miembro informante del proyecto, sostuvo que entre el 35% y el 36% del precio final del combustible corresponde a impuestos nacionales, lo que repercute directamente en el costo del transporte y, en consecuencia, en el precio de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales. En la misma línea, el concejal José García afirmó que el planteo no implica pedir beneficios extraordinarios, sino reclamar que los recursos que recauda la Nación regresen a las provincias en obras e infraestructura, mientras que Gustavo Farquharson insistió en que el Norte Grande continúa soportando desigualdades históricas que requieren respuestas concretas y no solo discursos sobre federalismo.

Aunque el bloque de La Libertad Avanza acompañó la resolución, utilizó el debate para cuestionar a las administraciones provincial y municipal. La concejala Florencia León sostuvo que no alcanza con reclamar una reducción de impuestos nacionales si antes no se disminuye el gasto político y la presión tributaria local. En el mismo sentido, Agustina Álvarez calificó la iniciativa como una «chicana política» y aseguró que las asimetrías regionales existían mucho antes del actual Gobierno nacional, por lo que consideró oportunista que el reclamo cobre fuerza recién ahora. A su turno, Érica Castro insistió en que la austeridad también debe aplicarse en el municipio y cuestionó el crecimiento de la estructura política local.

Las respuestas no tardaron en llegar. Las concejalas Eliana Chuchuy y Malvina Gareca defendieron el proyecto y rechazaron que el debate se reduzca a una discusión sobre el gasto provincial o municipal. Ambas sostuvieron que el Estado nacional concentra la mayor parte de la recaudación tributaria y tiene la obligación de redistribuir esos recursos de manera equitativa entre las provincias. Además, advirtieron que las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno de Javier Milei afectan el consumo, debilitan a las pequeñas y medianas empresas y profundizan las dificultades económicas en las regiones más alejadas de los grandes centros productivos.

Más allá de las diferencias políticas, la resolución fue aprobada con el respaldo de todos los bloques. Ahora la iniciativa dependerá de los legisladores nacionales, que deberán decidir si impulsan un régimen especial para el Norte Grande. El debate dejó una coincidencia y una diferencia marcada: todos dijeron querer combustibles más baratos, pero mientras algunos apuntan a un reparto más equitativo de los recursos nacionales, otros sostienen que la solución pasa, antes que nada, por reducir el tamaño del Estado.