Mientras el Gobierno provincial apuesta a que la tensión social en La Merced se diluya con el paso de los días, el senador Gonzalo Caro Dávalos avanzó con una medida complentaria: presentó dos pedidos de informe dirigidos a los ministerios de Salud y Seguridad para esclarecer qué ocurrió el 5 de abril, cuando el niño Tomás perdió la vida en un hecho que ya sacudió a toda la provincia.
Los requerimientos buscan reconstruir con precisión la respuesta estatal ante la emergencia. El Senado exige conocer la hora exacta en que se recibió el llamado, cuándo se despachó la ambulancia, cuánto tardó en llegar y si los tiempos de respuesta se ajustaron a los protocolos vigentes. También se indaga si la unidad disponible contaba con chofer y personal sanitario o si hubo demoras evitables en la asistencia.
El segundo pedido apunta directamente al accionar policial y a las condiciones en que se preservó la escena del hecho. Entre los puntos más sensibles figura la realización de controles de alcoholemia al conductor, la intervención de Criminalística y la cadena de custodia del vehículo involucrado. La intención es determinar si se cumplió con los protocolos o si hubo fallas que agraven la responsabilidad institucional.
La iniciativa del senador llega en un contexto político delicado. Mientras en Diputados el pedido de intervención del municipio fue enviado a comisión —una maniobra que muchos interpretan como una forma de ganar tiempo—, el Senado optó por avanzar con pedidos de información concretos que permitan establecer responsabilidades antes de tomar medidas más drásticas.
Con un plazo de cinco días para responder, los informes solicitados podrían marcar un punto de quiebre en la crisis política que atraviesa La Merced. Si se confirma que hubo demoras, negligencias o fallas estructurales en el sistema de emergencias, el caso dejará de ser solo una tragedia que conmueve a la comunidad y pasará a convertirse en un expediente que comprometa responsabilidades políticas en toda la cadena estatal.
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