Los reiterados cortes de luz, las denuncias por deficiencias en el servicio y el creciente malestar de los usuarios llegaron a la Legislatura. El diputado provincial Germán Rallé presentó un proyecto de ley que propone derogar la norma que habilitó la privatización de la ex Dirección Provincial de Energía de Salta (DPES) y abrir un nuevo proceso de concesión para la distribución y comercialización de energía eléctrica en toda la provincia.
La iniciativa no plantea estatizar el servicio ni interrumpir la prestación, sino revisar el esquema de concesión vigente tras más de tres décadas. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a convocar una nueva licitación pública y establece que el futuro concesionario deberá cumplir con estándares de eficiencia, transparencia, continuidad del servicio, protección de los usuarios y un plan obligatorio de inversiones para modernizar la infraestructura eléctrica.
En los fundamentos, Rallé sostiene que las condiciones que justificaron la privatización en los años noventa «han cambiado sustancialmente» y considera necesario actualizar el marco regulatorio. El legislador argumenta que la experiencia acumulada durante la concesión evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control estatal, mejorar la calidad del servicio y proteger a los usuarios frente a deficiencias e incrementos tarifarios que afectan el acceso a un servicio esencial.
El proyecto llega en un contexto particularmente delicado para EDESA. En las últimas semanas, la empresa quedó en el centro de la polémica por el apagón que afectó al Hospital Público Materno Infantil, mientras legisladores provinciales impulsan pedidos de informes para determinar responsabilidades por las fallas en el suministro. A ello se suman los cuestionamientos por los cortes registrados en distintos puntos de la provincia y las críticas al desempeño del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), acusado por algunos diputados de ejercer un control insuficiente sobre la prestataria.
Si la iniciativa prospera, el Ejecutivo tendrá un plazo de 180 días para remitir a la Legislatura un informe detallando el procedimiento adoptado y las condiciones de la nueva concesión. Aunque el proyecto recién inicia su recorrido parlamentario y su aprobación no está garantizada, abre una discusión que hasta hace poco parecía impensada: si después de más de treinta años llegó el momento de redefinir quién y bajo qué condiciones presta uno de los servicios públicos más sensibles para los salteños.
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