Con 21 votos a favor y un solo rechazo, el Senado provincial convirtió en ley la denominada Ley de Participación Democrática, una reforma electoral impulsada por el oficialismo que modifica las reglas de competencia política en Salta. La iniciativa elimina las PASO provinciales, incorpora un sistema de acumulación de votos dentro de los frentes electorales y establece nuevos requisitos para quienes aspiren a la Gobernación.
El cambio más significativo es la implementación de un mecanismo por el cual los votos obtenidos por distintas listas internas de un mismo frente se acumularán en favor del candidato a gobernador más votado de ese espacio. Para el oficialismo, la medida fortalece la representación política y reduce los costos electorales. Para sus detractores, se trata de una herramienta que favorece a las estructuras partidarias más poderosas y distorsiona la voluntad popular al sumar sufragios de sectores que podrían expresar proyectos políticos diferentes.
La nueva normativa también impone una exigencia territorial inédita para competir por la Gobernación. A partir de ahora, las fuerzas políticas deberán presentar candidatos en todas las categorías electorales en al menos 15 de los 23 departamentos de la provincia. Los senadores oficialistas defendieron el requisito como una garantía de federalismo y presencia territorial real, mientras que desde la oposición se cuestionó que la medida podría dificultar la participación de espacios emergentes o con fuerte anclaje local.
El único voto en contra fue del senador libertario Roque Cornejo, quien calificó la reforma como «arbitraria» y advirtió que el sistema de acumulación de votos se asemeja a mecanismos utilizados en provincias con fuerte concentración de poder político. Según sostuvo, la ley podría debilitar la autonomía de los municipios y favorecer la construcción de candidaturas sostenidas más por acuerdos de aparato que por respaldo ciudadano directo.
Además de los cambios políticos, la ley incorpora modificaciones técnicas a la Boleta Única Electrónica. Entre ellas, una mayor visibilidad de las candidaturas en pantalla y la obligación de abrir el 100% de las urnas durante el escrutinio definitivo para realizar un recuento manual de las boletas impresas. La reforma también limita la cantidad de listas internas que podrán presentar los frentes y partidos políticos. Mientras el oficialismo la presenta como una modernización del sistema electoral, especialistas y sectores opositores advierten que detrás del discurso de simplificación podría esconderse una nueva ingeniería electoral destinada a consolidar las mayorías políticas existentes en la provincia.
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